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Información útil

No debemos creer que las autoridades públicas son decentes, sino al contrario, en la mayoría de los casos son tan indecentes, mentirosas y corruptas como los miembros de La Casta; por tanto, debemos actuar con precaución y desconfianza.

Existen dos clases de procedimientos para mostrar nuestra disconformidad:

  1. Administrativos. Todos los que se hacen en cualquier administración pública, salvo la judicial, en los colegios profesionales, incluyendo los de abogados y procuradores, y en cualquier organizacion, pública o privada, salvo en los juzgados y tribunales. Las más habituales son las quejas y las reclamaciones.

  2. Judiciales. Los más habituales son los penales y los civiles, los contencioso-administrativo (como continuación de los procedimientos administrativos), laborales, sociales, etcétera.

Cuando presentamos una queja, una reclamación o una denuncia que de lugar a una intervención pública, incluyendo los procedimientos administrativos o judiciales, debemos explicar con rigor y seriedad lo sucedido y el daño causado, teniendo en cuenta que quien lee nuestro escrito no sabe nada de nosotros ni de lo que ha sucedido. La mayoría de los escritos judiciales: penales (denuncias y querellas) y civiles (demandas), están mal redactados y aportan insuficientes pruebas de lo que decimos. Después de la corrupción judicial, estas carencias son la segunda causa de archivo de los procedimientos judiciales. Lo mismo sucede con los recursos que la mayoría de los casos hacen mal los abogados, perjudicándonos. La habitual incompetencia de los abogados es uno de los mayores problemas del sistema judicial, a menudo son corruptos y actúan delictivamente.

En el caso de los funcionarios públicos, sus actuaciones pueden tener tres tipos de responsabilidades: administrativas, civiles y penales. La primera se inicia con una reclamación que origina un procedimiento administrativo, donde no se necesita un abogado, que puede finalizar en procedimientos judiciales contencioso-administrativos que requieren de procurador. Los asuntos civiles se inician mediante una demanda que requiere procurador y abogado, originando un procedimiento judicial. Los asuntos penales se inician mediante una denuncia -sin abogado- o mediante una querella que requiere procurador y abogado, originando un procedimiento judicial. Además, los funcionarios pueden tener sanciones disciplinarias originadas por quejas.

¡ Los jueces no resuelven sobre lo sucedido sino sobre lo que conocen !

  1. Información judicial básica en el portal de la Administración de Justicia: www.administraciondejusticia.gob.es

  2. Derechos de los ciudadanos frente a la justicia: www.poderjudicial.es/cgpj/es

  3. Cualquier resolución administrativa o judicial puede recurrirse en España y, generalmente, impugnarse mediante demanda en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en Estrasburgo:

    1. www.mjusticia.gob.es
    2. www.echr.coe.int
    3. Documentación básica del TEDH (PDF)
  4. Las actuaciones policiales irregulares pueden dar derecho a recibir una indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado: www.interior.gob.es. Este es un procedimiento administrativo que se tramita en el Ministerio del Interior y una vez finalizado puede recurrirse en la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional (véase información al respecto en el punto 6). Es un sistema que trata de encubrir las actuaciones policiales irregulares y tiene un carácter disuasorio para que se desista en la reclamación.
  5. Los errores judiciales (fiscales, jueces y magistrados) y el mal funcionamiento de las Administraciones de Justicia (oficinas judiciales de los juzgados y tribunales) pueden dar derecho a recibir una indemnización por la responsabilidad patrimonial del Estado: www.mjusticia.gob.es

    Las reclamaciones se presentan y tramitan en el Ministerio de Justicia. El Ministerio no cumple el plazo legalmente establecido y, aunque esté reconocida la malfunción, el Ministerio no suele conceder la indemnización salvo que se pida una cantidad mínima u otras razones oscuras. La mayoría de las reclamaciones son desestimadas porque están mal planteadas y la mayoría de los abogados las hacen mal aunque cobran por hacerlas. Es un sistema que trata de encubrir las actuaciones judiciales irregulares y tiene un carácter disuasorio para que se desista en la reclamación.

  6. Recurso o demanda contencioso-administrativa. Una vez finalizada y desestimada la vía administrativa en los Ministerios, puede continuarse por la vía contencioso-administrativa en la Audiencia Nacional. Es obligatorio tener representante procesal (procurador). La Sección Tercera de la Sala Contencioso-Administrativa tampoco suele dar la razón y condena en costas que suelen ascender a varios miles de euros. En la mayoría de los casos la desestimación de la reclamación y la condena en costas es culpa del abogado y, mediante un barato procedimiento penal, por los delitos de estafa y de deslealtad profesional, debería poder conseguirse una condena al abogado con una indemnización que cubra las costas de la Audiencia Nacional y otros daños causados, incluyendo la indemnización reclamada en el procedimiento administrativo, pero los jueces suelen encubrir estas malas prácticas igual que los abogados encubren las de los jueces. La mayoría de los cargos políticos del Ministerio de Justicia o del Ministerio del Interior que deciden sobre estas reclamaciones y los magistrados de la Audiencia Nacional falsean los hechos y desestiman las reclamaciones.

  7. Debemos quejarnos, explicando bien lo sucedido, de los abusos de los funcionarios de los juzgados en el Consejo General del Poder Judicial (órgano de gobierno del poder judicial): www.poderjudicial.es. Si es contra un secretario judicial debemos enviar la queja al Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de nuestra Comunidad Autónoma; el CGPJ también las admite, pero no hace nada efectivo y tarda tiempo para que prescriba la acción disciplinaria.

  8. Defensor del Pueblo www.defensordelpueblo.es La figura del Defensor del Pueblo es importante porque si interviene en un procedimiento administrativo o judicial, aumenta el número de delitos que cometen las autoridades públicas cuya mala actuación hace necesario recurrir al Defensor del Pueblo. Éste intenta desentenderse de las quejas, por lo que conviene especificar el artículo de la Constitución vulnerado y rebatir sus objecciones.

  9. Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en Estrasburgo. Finalizada la vía judicial en España, podemos presentar una demanda de los asuntos judiciales que conlleven la vulneración de nuestros derechos humanos europeos. Hay bastante información en:

    1. Página oficial www.echr.coe.int
    2. Página del TEDH en el Ministerio de Justicia: www.mjusticia.gob.es
  10. Cuando veamos falsedades descaradas en un documento oficial (ministerial, policial o judicial) debemos saber que, probablemente, se está utilizando el Lenguaje de la Corrupción (LC) para que la autoridad pública que lo lea sepa que debe encubrir los intereses bastardos institucionales. En este caso, lo más probable es que ya seamos víctimas del sistema judicial en su conjunto y debemos plantearnos si estamos dispuestos a luchar durante varios años en España y, probablemente, a llevar el asunto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo.

  11. Cuando creamos que el Juzgado ha resuelto injustamente nuestro asunto y hayamos presentado un recurso de apelación, una vez el Juzgado lo remita a la Audiencia Provincial, debemos pedir a nuestro procurador -no conviene pedirlo al abogado- por correo electrónico o correo postal certificado, que solicite al Juzgado un testimonio completo del procedimiento. Si nos pregunta para qué lo queremos, responder que para nuevas actuaciones judiciales sin dar más explicaciones. Este testimonio es necesario para conocer la actuación de nuestro abogado y la del Juzgado, así como para denunciar o demandar a un fiscal o a un juez, y es conveniente por si tenemos que denunciar o demadnar a nuestro abiogado.

 

 

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