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Plataforma (PVFIPP)

DE VÍCTIMAS POR LA FALTA DE INVESTIGACIÓN EN PROCEDIMIENTOS PENALES

Los jueces o instructores de los juzgados de primera instancia e instrucción, cuando leen una denuncia, tienen la obligación de incoarla. La incoación, mediante auto, es el inicio de un procedimiento penal, de su fase de instrucción, y de la formación de la causa. Está legislado en el Título 4, titulado: “De la instrucción” (artículos 299 al 325) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En la mayoría de los autos judiciales, de causas penales, suele decirse:

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal.

SEGUNDO.- No estando determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido, es procedente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 757, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, instruir Diligencias Previas y practicar aquellas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y en su caso, el procedimiento aplicable.

A pesar que, como hemos visto, el juzgado debe practicar las diligencias o acciones para averiguar lo sucedido, por ejemplo tomar declaración de los testigos, la mayoría de los jueces, ¡en el mismo auto!, continúan diciendo:

PARTE DISPOSITIVA

SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL DE LA PRESENTE CAUSA, procediéndose al archivo de estas actuaciones.

ANVIPED se ha propuesto acabar con esta práctica corrupta y presuntamente delictiva, mediante varias acciones colectivas, además de los procedimientos judiciales contra los fiscales, jueces y magistrados que hacen o permiten que se atente contra el Estado de Derecho de esta manera.

Para ello, necesitamos cientos o miles de estos autos que tengan una forma similar a la descrita en esta página.

 

 

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